La estabilidad y el respeto por las reglas de juego en un país son fundamentales para brindar confianza a los agentes económicos en el momento de tomar sus decisiones de gasto. En el ámbito fiscal, esta premisa cobra aún mayor importancia: la incertidumbre tributaria es uno de los mayores obstáculos para el funcionamiento de los negocios. Esta inseguridad puede tener diversas fuentes, unas de tipo más macroeconómicas, como cambios en la política fiscal de los gobiernos; y otras de carácter microeconómico. En esta área resalta la poca precisión del andamiaje legal y la consecuente interpretación caprichosa por parte de la administración tributaria. Y, sobre esto, se despliegan larguísimos procesos de litigiosidad que muchas veces derivan por caminos contrarios a toda lógica.
El informe Business Ready del Banco Mundial (BM) considera la tributación como una de las áreas clave en la operación y expansión de las empresas. Esta área mide, a su vez, tres pilares: la calidad del marco normativo, los servicios que brindan las agencias tributarias y la eficiencia operativa del sistema tributario. Según el mismo informe, Perú ocupa el puesto 34 de 50 países analizados en el funcionamiento general del sistema tributario (ver gráfico 1), es decir, en el tercio inferior, y por debajo de otros países de la región evaluados, como México (8), Colombia (18) y Paraguay (26).
En el reporte del BM se aprecia que, en términos de litigiosidad, Perú no le gana a ninguno de los países evaluados. Es el último de la fila. El tiempo transcurrido entre el momento en que un contribuyente presenta una reclamación y el momento en que se emite la resolución puede ser mayor a 1 año, mientras que en los países más eficientes, como Estonia, toma solo 1 mes y en Colombia toma 3 meses. Y esto no considera el tortuoso camino durante el cual la Administración Tributaria cuestiona las decisiones del Tribunal Fiscal, que lleva a que los procesos se judicialicen por largos años.
Otro indicador vinculado a la incertidumbre es la duración de las auditorías tributarias. Las demoras en las auditorías incrementan los costos de cumplimiento y generan distorsiones en el funcionamiento de las actividades económicas. En esta categoría, Perú solo supera a 5 países evaluados. El tiempo total transcurrido entre la primera interacción con los auditores y la recepción del informe final de auditoría es de 4 semanas, mientras que en los países más eficientes, como México, es 1 semana y en Colombia son 2 semanas (ver gráfico 2)
El nivel de transparencia de los cambios de la normativa es otra categoría de preocupación. En particular, es importante que los futuros cambios normativos sean comunicados con anticipación y que la agencia tributaria tenga mecanismos y canales adecuados para recoger comentarios de los contribuyentes de manera frecuente con el objetivo de mejorar las normativas antes de su publicación. En este aspecto, Perú también queda en la cola.
En suma, la corrección de las deficiencias identificadas en materia de eficiencia procesal, transparencia normativa y estabilidad directiva se presenta como un requisito imperativo para mitigar la incertidumbre, restaurar la confianza de los agentes económicos y crear un entorno propicio para el desarrollo y la competitividad de la economía peruana.
Isaac Foinquinos, economista jefe de Ronin, advirtió que la alta rotación en la jefatura de la Sunat contribuye a la creciente incertidumbre tributaria en el país.
Desde 2024, la institución ha tenido seis titulares, lo que equivale a un promedio de un jefe cada cuatro meses. Este nivel de inestabilidad supera ampliamente a países comparables como Colombia, Chile y México.
Según Foinquinos, la falta de continuidad en la gestión afecta la confianza de los contribuyentes y reduce la capacidad institucional para implementar reformas sostenibles.
A ello se suma la percepción negativa reflejada en la encuesta de Ipsos para CADE 2025, que muestra una aprobación de apenas 40% en el desempeño de la Sunat, cifra que cayó desde 52% en 2023. Además, el 56% de los ejecutivos consultados considera que la entidad obstaculiza el desarrollo de las empresas.
Foinquinos sostuvo que revertir esta situación es fundamental para recuperar la confianza y mejorar la eficiencia tributaria.
Fuente: Perú21
