En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha modernizado su enfoque de supervisión, optando por acciones más ágiles en lugar de abrir procedimientos largos y formales.
Para ello, ha implementado mecanismos como el Módulo de Gestión de Cumplimiento –que permite verificar hechos o documentos vía digital– y el uso de cartas disuasivas dirigidas a las empresas.
“Estas herramientas preventivas advierten a los empleadores sobre posibles incumplimientos y solicitan información anticipada, reduciendo la necesidad de iniciar procedimientos extensos”, señala el informe Inspecciones laborales 2025: Situación actual, retos y tendencias, elaborado por la firma Vinatea & Toyama.
No obstante, el informe advierte que estos esfuerzos aún requieren mayor enfoque en sectores con alta informalidad, que concentran a los trabajadores más vulnerables.
Uno de los principales problemas identificados sería la distribución desigual del personal inspectivo. Lima y Callao concentran más del 40% de los inspectores a escala nacional, pese a que solo el 25% de sus trabajadores son informales. En contraste, regiones como Huancavelica, Pasco y Madre de Dios superan el 75% de informalidad, pero cuentan con una menor proporción de inspectores.
Respecto a las principales materias fiscalizadas, se tiene que ellas se concentran principalmente en remuneraciones, jornada laboral, seguridad y salud en el trabajo, y verificación de despidos. Por lo tanto, estos temas reflejarían las principales preocupaciones de los trabajadores como los puntos críticos de cumplimiento para los empleadores.
Resultados
En cuanto a los resultados, el documento detalla que una de cada tres inspecciones termina en un acta de infracción.
Así, entre los hallazgos más recurrentes está la obstrucción de la labor inspectiva, ya sea por negar información o impedir el ingreso del inspector al centro laboral, lo cual representa el 40% de los casos.
Finalmente, el informe alerta sobre los riesgos institucionales que enfrenta Sunafil. Entre ellos destaca la alta rotación de superintendentes, cuya duración promedio en el cargo ha sido de solo 6.2 meses, a pesar de que la ley establece un periodo de tres años, renovable.
A esto se sumaría la desigual distribución del personal inspectivo, con exceso de recursos en zonas con menor informalidad; y el uso intensivo de Contratación Administrativa de Servicios para personal administrativo, lo que limita la capacidad inspectiva efectiva.
Fuente: El Peruano
