En el estado. Pliegos de reclamos en materia económica de trabajadores superan los S/ 99.000 millones. Poco espacio fiscal provocaría que proceso termine en arbitraje.

El Ejecutivo cuenta con S/ 1.002 millones de espacio fiscal para financiar en el 2023 la implementación de la negociación colectiva en el Estado, según el informe final del estado situacional de la Administración Financiera del Sector Público, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, de acuerdo al mismo reporte, el costo declarado registrado –al30 de enero de este año– respecto a los pedidos de los trabajadores con incidencia económica según materias negociables supera los S/ 99.944 millones, de un total de 165 solicitudes de proyecto de convenio colectivo.

A detalle, S/ 10.742 millones de los pedidos de los estatales corresponden al nivel centralizado y S/ 89.202 millones al nivel descentralizado.

Shirley Quino, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez, señaló que al ser los costos de los pedidos de los trabajadores mucho mayores al espacio fiscal que tiene el Estado, muchas negociaciones no podrían concretarse y, por el contrario, se iría a un arbitraje laboral.

”Lo que probablemente vamos a tener son pedidos por parte de los trabajadores que no estarán acorde al gasto que cada entidad pueda asumir y que esto pueda posteriormente terminar en casos judiciales”, indicó la experta.

Los problemas

Es importante mencionar que el informe en mención es clave porque las entidades deben tomarlo en cuenta a la hora de implementar los procesos de negociación colectiva para mejoras salariales que regirá desde el año 2023.

Para Lily Ku, secretaria general del sindicato de la Defensoría del Pueblo, este espacio fiscal que se dispone afecta a las entidades que requieren de recursos del MEF para concretar sus pedidos con incidencia económica.

Asimismo, alertó de que ya se vienen realizando observaciones a los pliegos de reclamos de los sindicatos, obstaculizando así la negociación colectiva.

“Cuando entras a la negociación y te encuentras con estos topes económicos, nuevamente vas a generar que las negociaciones se terminen resolviendo en la etapa de arbitraje”, afirmó Ku.

El 30 de junio es el plazo máximo para que se llegue a un acuerdo entre los trabajadores y las entidades públicas.

El dato

Malestar. Lily Ku también criticó que la negociación a nivel centralizado sea llevada a cabo por las centrales sindicales, pues estas no tienen mucha representatividad de los trabajadores públicos.

Fuente: Diario La República