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Darían beneficios tributarios a las empresas por contratar a trabajadores de 60 años o más

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó un dictamen que otorga benefi cios tributarios a las empresas que contraten a trabajadores con 60 años o más, denominados adultos mayores.

El dictamen, elaborado en base a los proyectos de ley N° 8295/2023-CR y N° 8490/2024-CR, establece que “los empleadores generadores de rentas de tercera categoría que emplean a personas adultas mayores tienen una deducción adicional en el pago del Impuesto a la Renta sobre las remuneraciones que se paguen a esas personas”, señala la propuesta legislativa aprobada en la Comisión de Trabajo, en sesión realizada el pasado 5 de noviembre.

Asimismo, agrega que el porcentaje de deducción adicional será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas, vía un decreto supremo.

El dictamen ahora deberá ser debatido y votado en una próxima sesión del pleno del Congreso. De ser aprobado, pasaría a manos del Ejecutivo para su promulgación u observación.

Al respecto, Katarzyna Dunin Borkowski, directora de consultoría tributaria y aduanera en PwC, refirió que la propuesta busca dar un impulso similar al que existe para la contratación de personas con discapacidad. En esos casos, la deducción adicional varía entre el 50% al 80% del gasto en las remuneraciones.

Si la propuesta legislativa se convierte en ley, tendría que promulgarse antes del 31 de diciembre para que entre en vigencia desde el 2025; pero si la ley se publica en el 2025, entonces empezaría a aplicarse recién a partir del 2026, agregó Dunin Borkowski.

Por su parte Brian Ávalos, abogado laboralista del estudio Payet, sostuvo que la medida se justifica, debido a que la población de adultos mayores tiene más dificultades para acceder a un empleo. “Y una medida para promover su contratación es dando incentivos tributarios a las empresas”, subrayó.

No obstante, Katarzyna Dunin Borkowski duda de que la medida tenga gran acogida, ya que habría dificultades para encontrar trabajadores calificados a contratar, tal como ha ocurrido con el segmento de personas con discapacidad. “En el caso de la contratación de personas con discapacidad, no ha funcionado mucho la norma de promoción. La nueva propuesta me parece una iniciativa populista”, señaló.

Otra reciente medida similar de promoción existe para la contratación de jóvenes, aunque su utilización por parte de las empresas tampoco es masiva. No obstante, Brian Ávalos se muestra más optimista sobre el acogimiento de la nueva propuesta, ya que la edad de cese es a los 70 años, y a partir de ese momento se puede desvincular a un trabajador sin incurrir en un despido injustificado.

“El problema con la contratación de jóvenes es que ellos tienen reposición (en caso de despido injustificado); en cambio, a partir de los 70 años no requieres de una causa objetiva para desvincular. Eso da más posibilidades a que el proyecto de ley tenga más acogida entre las empresas. Para las empresas sería más atractivo contratar a los adultos mayores que a los jóvenes”, anotó Ávalos.

OTRAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo también dispone de más medidas para promover la contratación de adultos mayores. Así, establece que el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales y municipalidades incorporarán a la persona adulta mayor en sus programas de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo.

Asimismo, busca promover el emprendimiento de los adultos mayores, creando la categoría de “empresa promocional de persona adulta mayor”, la cual será aquella constituida como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que cuente por lo menos con un 30% de personal adulto mayor. Y el 80% de este personal debe desarrollar actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa.

El dictamen establece que el Estado promoverá el acceso de la “empresa promocional de persona adulta mayor” a créditos y otras fuentes de financiamiento, prestando asistencia financiera orientada a reducir la información asimétrica y los costos de intermediación. “Con este fin, el Ministerio de la Producción administra un banco de proyectos y capacita a la empresa promocional en el desarrollo de proyectos de inversión”, agrega la propuesta legislativa.

Fuente : Diario Gestión