Una de las metas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para el presente año será la atención prioritaria del 100% de las denuncias que se presenten sobre los casos de trabajos infantil y forzoso en el país, sostuvo su titular, Freddy Solano González.
La entidad, mencionó, verifica el cumplimiento de los derechos fundamentales en materia de trabajos infantil y forzoso, mediante el desarrollo de operativos en zonas urbanas y rurales donde se detectan indicios de trata de personas, así como de niños y adolescentes que laboran sin autorización, ámbito que es primordial para la institución.
La entidad, mencionó, verifica el cumplimiento de los derechos fundamentales en materia de trabajos infantil y forzoso, mediante el desarrollo de operativos en zonas urbanas y rurales donde se detectan indicios de trata de personas, así como de niños y adolescentes que laboran sin autorización, ámbito que es primordial para la institución.
Para tal efecto, es necesario una inteligencia más exhaustiva que identifique actividades empresariales en las que se presuma el trabajo en estas condiciones, con la finalidad de ejecutar una actuación conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo y otras, afirmó.
Meta
Solano mencionó que en el 2023 se efectuaron 978 inspecciones sobre presuntos casos de trabajo infantil y 188 inspecciones relacionadas con trabajo forzoso. “La Sunafil tiene como meta para el 2024 la atención prioritaria del 100% de las denuncias presentadas sobre trabajo infantil y trabajo forzoso”, recalcó.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, el funcionario dijo también que durante su gestión se fortalecieron las estrategias y herramientas para contribuir con la formalización laboral. “Nuestro objetivo es continuar con esa labor mediante acciones de intervención basadas en la inteligencia previa, a fin de verificar la existencia de trabajadores no registrados en la planilla electrónica”, señaló.
Esa estrategia, detalló, es Perú Formal Urbano, mediante la cual se efectúan operativos en las zonas urbanas con el despliegue del personal inspectivo en sectores con alta demanda de mano de obra.
“Para la zona rural existe Perú Formal Rural, que se enfoca en el ámbito agrario y se ejecuta con operativos dispuestos en los centros productivos de acuerdo con la estacionalidad de cada producto agrícola para hacer labores de fiscalización y promoción de la formalización laboral”, explicó.
Procesos
Solano aclaró que esta tarea no se limita al factor estacional y, por tal motivo, “es importante la acción fiscalizadora en los procesos posteriores a la cosecha, enfatizándose en toda su cadena de suministro, que consta desde los nodos de producción, centros de acopio, plantas de procesamiento y depósitos temporales. La finalidad es incrementar la cantidad de trabajadores incorporados a la planilla”.
“Mediante los equipos especializados en formalización Perú Formal Rural y Perú Formal Urbano, en el 2023 se logró un incremento en la Planilla Electrónica (Plame) de 22,098 trabajadores”, enfatizó.
El superintendente nacional de Fiscalización Laboral manifestó que el incremento de accidentabilidad y siniestralidad en sectores económicos claves, tales como construcción, inmobiliario, minería, industria y comercio, genera la preocupación de la entidad, que desarrolla estrategias de acción preventiva.
Frente a este panorama, aseveró, se potenciará el Grupo Especializado de Acción Rápida (GEAR), el cual lo integra personal de inspección especializado que analiza información previa, identifica los centros de trabajo con alto riesgo de exposición para los trabajadores y prioriza su fiscalización, desarrollando una metodología de fiscalización preventiva y estratégica.
“Este equipo busca contribuir con la reducción de los riesgos graves e inminentes que afecten la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en los sectores de construcción civil e industria. Para ello se pretende disminuir el indicador de accidentes mortales en los sectores industria manufacturera y de sector construcción”, indicó.
El funcionario explicó que busca proteger asimismo a todos los trabajadores expuestos a riesgos laborales graves e inminentes identificados en los centros de trabajo fiscalizados y promover la subsanación de estos durante el plazo de la actuación inspectiva.
“Mediante las intervenciones del GEAR se determinó la paralización de 157 obras que permitieron proteger la seguridad y salud de 4,789 trabajadores en riesgo grave e inminente”, refirió.
Por ejemplo, mencionó, la detección de irregularidades en las obras de construcción obedece a una estrategia de inteligencia previa que permite identificar riesgos en las edificaciones con la finalidad de inspeccionar y detectar a tiempo los graves e inminentes.
“De existir, se procede con la paralización de la obra hasta que se levanten las observaciones respectivas”, puntualizó la autoridad.
Operativos nacionales
Freddy Solano informó que para el cumplimiento de la normativa sociolaboral se utiliza una serie de estrategias, como la disposición de operativos nacionales, tanto de fiscalización como de orientación.
“Con la finalidad de coadyuvar esfuerzos entre la inspección tradicional y el uso de acciones previas se creó el Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), mediante el cual se efectúa una verificación presencial o virtual de las denuncias presentadas ante presuntas infracciones”, explicó.
Por el MGC, dijo, se verifican los hechos denunciados, siempre y cuando exista verosimilitud en estos, sean materias o presuntas infracciones subsanables.
Así también, cuando no se trate de la vulneración de derechos fundamentales o de situaciones o hechos que puedan poner en riesgo la vida o la seguridad y salud del denunciante o de las personas involucradas, o exista o se pueda establecer un peligro o riesgo mayor de afectación a los derechos de esas personas durante la tramitación de la gestión del cumplimiento, aseveró.
El superintendente detalló que por intermedio de Módulo de Gestión de Cumplimiento se ejecutaron más de 20,000 fiscalizaciones en el 2023.
Normativa
En cuanto a las acciones previas, se potenciarán, ya que es un aspecto importante, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, mediante la verificación o constatación de hechos y/o documentos, conciliación administrativa, entre otras conductas, anunció Freddy Solano.
“Frente a ello, el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT) cuenta con el módulo Fiscalización Documental, el cual permite remitir cartas inductivas y disuasivas a la casilla electrónica de los empleadores, con la finalidad de dar a conocer o requerir, según sea el caso, información del ámbito laboral, logrando así mayor cobertura de fiscalización a través de una reducción de tiempo y recursos”, anotó.
Asimismo, dijo, mediante acciones previas se ejecutaron más de 53,000 fiscalizaciones en el 2023.
Fuente : Diario El Peruano
