La Comisión de Trabajo del Congreso de la República viene debatiendo un proyecto de ley que busca cambios al esquema de reparto de utilidades a los trabajadores. En la última sesión realizada el pasado 9 de abril, se expuso y votó el proyecto de ley N° 6463/2023-CR, presentado a fines del 2023 por la congresista Isabel Cortez, de la bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
La iniciativa legislativa propone dos cambios. El primero busca que el reparto de utilidades se realice de forma uniforme entre todos los trabajadores de las empresas que conforman un grupo o
consorcio empresarial, y ya no de forma independiente según los resultados de cada empresa, tal como lo dispone la norma en la actualidad.
Asimismo, dispone que el porcentaje de utilidades a repartir se fijará de acuerdo a la actividad principal del grupo empresarial. La actual normativa establece que cada empresa de un grupo o consorcio distribuye utilidades según la actividad que realiza. Por ejemplo, en minería se reparte el 8% de las utilidades generadas, en telecomunicaciones el 10%, pero en otros sectores el reparto es de 5% (ver cuadro).
“La participación de los trabajadores en las utilidades deberá calcularse considerando la actividad principal del grupo de empresas, consorcio u otra forma de organización empresarial, y distribuirse entre todos los trabajadores de las mismas, independientemente si el trabajo es desarrollado de manera directa o indirecta”, señala uno de los artículos del proyecto de ley.
La propuesta fue criticada por abogados laboralistas. Eric Castro, socio de Miranda & Amado, refirió que la medida generaría injusticias y desincentivos para los trabajadores de una empresa que genera utilidades, pues en adelante parte de ellas se tendrían que repartir hacia otra empresa del grupo o consorcio que podría no generar utilidades.
“Un trabajador se podría beneficiar de utilidades de empresas a las cuales no brinda servicios. Se generan desincentivos a los trabajadores que sí generaron utilidades”, sostuvo.
Además, refirió que en la propuesta no se define cómo se establecerá la actividad principal del grupo, “¿Cómo se establece la actividad principal en un grupo? ¿será la empresa que más factura? ¿la que tiene más trabajadores?”, se preguntó Castro.
También coincidió en estas críticas María Haydeé Zegarra, socia del estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas. “Cada empresa reparte utilidades de acuerdo a sus resultados económicos y actividad que desarrolla. El cambio que se propone no tiene sentido. Es una locura”, subrayó.
Una segunda modificación que propone el proyecto de ley es elevar el porcentaje de reparto de utilidades, de 5% a 8%, a las empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras de petróleo y gas 8%.
“Se busca equiparar al reparto que existe en el sector minero, pero no hay ningún fundamento, una explicación técnica, para que se sustente este cambio”, criticó María Haydeé Zegarra.
Por su parte Eric Castro advirtió que este cambio alejaría las inversiones en el sector hidrocarburos. “En un contexto que no es el mejor para las inversiones, esta medida las desincentivaría aún más”, anotó.
Al votarse el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo el pasado 9 de abril, este fue rechazado, al recibir 7 votos en contra y solo 6 votos a favor. No obstante, la autora del proyecto presentó una
reconsideración a la votación, pedido que fue aceptado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Pasión Dávila (Bloque Magisterial), quien indicó que la nueva votación se realizará en la
siguiente sesión de la comisión.
Fuente : Diario Gestión
